Los datos acreditan lo que han denunciado los profesionales: el Sistema de Autonomía y de Atención a la Dependencia (SAAD) ha sufrido un retroceso durante 2019. Ha sido el primer año desde 2015 en el que han aumentado las personas dependientes desatendidas: sumando a las que están valoradas pero aún sin prestación y las que aún no han obtenido ni la valoración, son en total 426.000, 50.000 más que cuando terminó 2018.
En el otro lado, en 2019 hubo 60.908 nuevos beneficiarios que obtuvieron 90.000 prestaciones o servicios. Pero en el 55,5% de los casos se trató de servicios de bajo coste, de teleasistencia y de prevención. La cuantía media de la prestación económica destinada a cuidados familiares es de 247 euros mensuales.
Las cifras provienen del XX Dictamen del Observatorio de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, entidad referente del sector que analiza los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Los 247 euros mensuales son una media. Si se disecciona, la prestación que se paga a una persona por cuidar a un familiar que tiene el Grado III de dependencia, el más severo, es de 340 euros; para los del II, graves, de 245 euros; para los del I, de dependencia moderada, 140 euros.
Cuando se tiene que recurrir a un servicio externo en vez de a un familiar, la administración de media solo sufraga 17 horas mensuales para personas con el Grado I, 35 para las del II y 54 para las del III. «Un número de horas totalmente insuficiente», zanjan desde la Asociación. Los dependientes II y III suponen un 42% del total.
Los servicios más caros y de mayor intensidad, las residencias, los centros de día y la asistencia personal, solo suponen el 7,7% de las nuevas prestaciones. Y de media, lo que se da por ese servicio son 550 euros, y «la diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia (que fácilmente triplicará ese importe) constituye un ‘segundo copago’ o copago invisible».
Desde 2008, denuncia la Asociación, viene descendiendo el coste medio por dependiente, y es precisamente porque, para aligerar las listas, «se atiende a más moderados, para los que el gasto es menor». La reducción acumulada solo de las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares desde el Real Decreto Ley de 2012 mediante el cual Mariano Rajoy recortó la dependencia asciende a 1.905 millones de euros, todo dinero que tenía que ir destinado a ayudas económicas que las familias no han recibido. El recorte acumulado total desde entonces, a los 5.864 millones.
Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, calificaba esas cuantías directamente de «maltrato institucional. No se atiende debidamente ni a las personas dependientes, ni a sus familiares, ni a la profesión». Vicente recordaba, el «impacto negativo de genero y la feminización de los cuidados, que asumen sobrecuidado y sobreenvejecimiento», dado que alrededor del 80% de personas cuidadoras son mujeres. La Asociación de Directores y Gerentes también lo destaca por ahí: «Muchas mujeres se convierten en cuidadoras no por libre elección, sino por imposición económica y social». Según los datos que han analizado, a pesar de que el año pasado se recuperó el derecho a las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares, solo han cotizado el 13% (el 90% mujeres).
El «deterioro» del Sistema que denuncian «se puede agudizar» a lo largo de 2020 si no se aprueba «con carácter de urgencia», al menos, los 415 millones que se contemplaban en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que se quedaron frustrados. «No hay tiempo» para esperar a los del 2020 porque, por plazos, ya solo llegarían para el último cuatrimestre del año y no se podrían ejecutar. Seguirían 450.000 personas en España que necesitan estar atendidas y no lo están. 31.000 han fallecido en 2019 con su derecho reconocido pero sin disfrutarlo.
El sistema se sustenta entre las administraciones públicas y los ciudadanos. El coste directo de todas las prestaciones y servicios ofrecidos durante 2019 asciende a 8.891 milllones de euros: los usuarios, en forma de copago regulado, aportaron el 20,7%; las comunidades, 63,2%; y el Estado, un «ridículo» 16,1%. Según la Ley de Dependencia de 2006, debería ser al 50% entre las comunidades y el Estado, pero la distancia año a año se amplía. Eso supone además «gravísimas» desigualdades territoriales, tanto en cobertura como en modelos de gestión. Se refleja en que, por ejemplo, los días que dura todo el proceso –desde que se solicita la dependencia hasta que se recibe una prestación o servicio– pueden pasar desde 137 días en Euskadi hasta 785 en Canarisa. Para las comunidades que peor están, solo queda como opción «un cambio drástico» en el sistema.
Fuente:https://www.eldiario.es/sociedad/Datos-observatorio-dependencia_0_1000550697.html
