La demencia es la primera causa de discapacidad en adultos mayores y la enfermedad que genera mayor dependencia, sobrecarga económica y estrés psicológico del cuidador. Sin embargo, aún no recibe la misma prioridad que otras enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
El concepto de demencia, y por ende sus criterios de diagnóstico, ha tenido variaciones a lo largo del tiempo. Recientemente, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición (DSM-5), reconoció dos síndromes cognitivos: un deterioro neurocognitivo mayor y uno leve.
Hacia el año 2050 se estima que el 71% de la población con demencia vivirá en regiones de menor desarrollo. Es necesario generar planes de atención al enfermo de Alzheimer, tanto en su tratamiento médico directo como en la contención social, que no ha de quedar librado de forma exclusiva a la fortuna del grupo familiar.
Un plan a nivel público debería ser inclusivo y abarcar a toda la población. Si bien la mayor proporción de personas que viven con demencia son mayores de 65 años, las demencias en personas menores de 65 años están en aumento, tienen un alto impacto y deben ser incluidas en las políticas de salud.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de presentar una enfermedad o lesión. Son todavía incipientes las investigaciones para la identificación de factores de riesgo modificables de la demencia. A modo de ejemplo, factores de riesgo vascular tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus, sobrepeso, fumar y dislipemia se asocian de manera consistente con un mayor riesgo de desarrollar no solo demencia vascular, sino también enfermedad de Alzheimer (EA) o demencia mixta. Existen factores de riesgo no modificables como la edad, la historia familiar de demencias o alteraciones genéticas mono o poligénicas específicas.
El World Alzheimer Report 2016 revisa la evidencia de la investigación sobre los elementos de la asistencia sanitaria para las personas que viven con demencia y sugiere cómo debería ser mejorado y hecho más eficiente. Según el informe, las personas que viven con demencia tienen escaso acceso a una atención sanitaria adecuada; incluso en la mayoría de los países de ingresos altos, solo alrededor del 50% de las personas que viven con demencia reciben un diagnóstico. En los países de ingresos bajos y medios, como Argentina, se diagnostican menos del 10% de los casos.
El primero requiere la presencia de un deterioro cognitivo objetivo que sea lo suficientemente grave (dos o más desviaciones estándar de lo normal en las pruebas cognitivas) como para interferir con las actividades de la vida diaria y que no sea causado por otro trastorno neurológico, médico o psiquiátrico. Por su parte, los pacientes con un deterioro neurocognitivo leve llevan un estilo de vida independiente y realizan actividades diarias complejas.
Respecto a los trastornos cognitivos, abarcan un amplio abanico de patologías, dentro de las que las demencias son las que producen mayor discapacidad y dependencia. Estos trastornos están constituidos por un síndrome cerebral que produce la alteración de varias funciones corticales superiores —por ejemplo, memoria, lenguaje, gnosias, praxias o funciones ejecutivas— que afectan los sistemas de pensamiento lógico y ético, sin que se altere la conciencia. En general son de carácter crónico, progresivo e irreversible.
En los países de mayor desarrollo en los últimos años ha existido una creciente cultura de estilo de vida saludable, pero no sucede lo mismo en los países de medianos o bajos ingresos.
Dado el crecimiento sostenido de la población adulta, se espera que el número de personas afectadas por estas patologías aumente progresivamente. Según diferentes estimaciones, entre el 2% y el 10% de todos los casos de demencia comienzan antes de los 65 años. La prevalencia se duplica con cada intervalo de 5 años después de los 65 años.
Como contraparte, se han reconocido algunos factores, denominados protectores, que se asocian con menor riesgo de desarrollar demencia. Entre estos, son relevantes el control de los factores de riesgo vascular ya mencionados, el número de años de educación formal, una dieta mediterránea, la suspensión del hábito tabáquico y la mantención disciplinada de un estilo de vida saludable, que incluya actividad física regular, estimulación mental e interacción social.
Se ha estimado que en los últimos años la prevalencia de estas patologías ha alcanzado un 3,9% de la población mundial, proyectándose un incremento al 6,9% (42,3 millones de personas) para el año 2020 y al 13,1% (81,1 millones de personas) para el año 2040.
La literatura internacional presenta varias estimaciones acerca de los costos de la demencia en los países desarrollados, aunque la evidencia es muy escasa para los países en desarrollo. En el Informe Mundial sobre el Alzheimer del año 2013, Alzheimer’s Disease International estimó que en 2030 habrá 65,7 millones de enfermos y 135 millones en 2050. Casi dos tercios vivirán en países de ingresos bajos y medios.
En el World Alzheimer Report 2010 se menciona que el 89% del total de los costos sociales globales en demencia se producen en los países de ingresos altos, el 10% en los países de ingresos medios y menos del 1% en los países de bajos ingresos. Sin embargo, el 46% de las personas con demencia viven en países de ingresos altos, el 39% en países de ingresos medios y el 14% en países de bajos ingresos. Existe una clara inequidad en la distribución global de la morbilidad y los costos asociados.
Para hacer un análisis de los costos asociados al Alzheimer se deben incluir los costos directos médicos (consultas, medicamentos y estudios complementarios), los costos sociales (institucionalización, cuidadores, profesionales) y la atención hospitalaria aguda.
En algunos países de Latinoamérica, como es el caso de Argentina, se iniciaron estudios. Sin embargo, no existen aún trabajos epidemiológicos completos con toda la información necesaria para la planificación de estrategias en salud pública. En marzo de 2015, en el marco de la Primera Conferencia Ministerial de la OMS sobre la acción mundial contra la demencia, desarrollada en Ginebra, Chile declaró la necesidad de establecer la demencia como tema prioritario de la salud pública.
En el año 2013 la OMS y la Asociación Internacional de Alzheimer (ADI) solicitaron a los gobiernos y a los responsables políticos que declarasen las demencias como una prioridad de salud pública y desarrollasen e implementasen Planes Nacionales para las Demencias. La prevalencia de demencias en el mundo y su tendencia son razones suficientes para impulsar políticas gubernamentales de salud.
Mónica Aranda
profesora investigadora de la Licenciatura en Gestión de Servicios de Salud de UADE.
Fuente:www.infobae.com
