Siete años después de la entrada en vigor de la ley de dependencia, la aplicación de la norma está lejos de lo que muchos habían soñado cuando el entonces presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este proyecto estrella de su gobierno.
No son aislados los casos en que la persona beneficiaria ha muerto sin llegar a cobrar la ayuda que se le había adjudicado. En 2012, sólo en Cataluña, fueron 616 personas. El tiempo de espera para ser valorado es de 14 meses, y cada vez es más difícil ser reconocido como gran dependiente, al mismo tiempo que se retrasa el acceso de los afectados más leves a las ayudas.
Se dijo que los cuidadores no profesionales cobrarían un sueldo, que dependería de la renta y patrimonio de cada uno, y podrían cotizar a la Seguridad Social. La retribución, que se podría situar en una media de 300 euros, se les ha reducido un 15% y ya no se les da de alta para que tengan una mejor jubilación.
Además, el copago, es decir, la parte del servicio que los beneficiarios pagan de su bolsillo, ha aumentado un 10%. Y los pagos a las residencias también han quedado en suspenso algunos meses. Incluso se ha promovido una ILP para garantizar la asistencia a los dependientes, que ha sumado las más de 50.000 firmas necesarias para continuar tramitándose en el Parlamento de Cataluña.
Por estos motivos, uno de los sentimientos que más tienen los afectados es el de desamparo y desmoralización, porque, con los recortes en las ayudas, tienen menos autonomía y menos calidad de vida.
Hacia una ley catalana
Cuando se aprobó la ley, todos los grupos del Congreso votaron a favor menos CiU y el PNV, que alegaron que invadía competencias. Desde el principio, las quejas de la Generalitat por la financiación insuficiente de la dependencia han sido una constante. Se ha pasado del modelo de financiación al 50% a otro en el que el gobierno catalán asume el 80% del gasto, y el español, el 20% restante.
Carmela Fortuny, directora del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), considera evidente que el Estado quiere «desmantelar la ley de la dependencia» y remarca que, desde Cataluña, hace meses que se trabaja en la futura ley de promoción de la autonomía personal «porque el modelo actual, a pesar del sobreesfuerzo, no es lo que nosotros queremos para nuestros ciudadanos.»
Algunos sectores afectados consideran que la ley de dependencia fue una buena idea, pero que nació en un mal momento económico. Y constatan que ahora está en peligro de retroceso.
Antonio Guillén, presidente de la Federación ECOM, que agrupa a personas con discapacidad física, lamenta que las personas con dependencia queden «relegadas a vivir desde la ventana».
Desde COCARMI, el comité catalán de personas con discapacidad, Francisco Pérez reclama que se «blinde económicamente» la ley a partir de un estudio «serio», incluso si hay redimensionarla. «Desde el colectivo somos los primeros interesados en que esto funcione. No queremos renunciar a esta ley», afirma.
En un momento tan delicado como este, el gobierno español asegura que está a punto de llegar a la sostenibilidad del sistema, aunque admite que todavía hay demasiada gente que se espera: 190.000 personas en toda España. En Cataluña, según los datos oficiales, hay más de 2.000 personas fuera de plazo que esperan el programa individual de atención, el PIA. También hay 17.000 personas en las listas para entrar en una residencia. Los beneficiarios, es decir, que se les presta algún servicio o alguna prestación económica, son más de 150.000.
Font: http://www.324.cat
