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100.000 dependientes en el limbo

 

 

Ya lo saben. El miércoles, una mayoría parlamentaria tumbó los presupuestos. Los motivos de unos para echarlos para atrás y de los otros para defenderlos ya se explicaron en la tribuna donde conceptos como España, Catalunya, Estado, Democracia (todas con mayúsculas, tal fue el ímpetu con el que fueron pronunciadas) invadieron el hemiciclo.

No lejos de allí, un grupo de trabajadores sociales sólo se acercó al televisor en el momento de la votación. Los discursos/motivos de cada formación política no les interesaban. Sólo el resultado. Cuando la presidenta del Congreso, Ana Pastor, leyó el triunfo del no, sus caras reflejaron una profunda decepción. No es para menos.

 

El incremento presupuestario permitiría reducir un 40% la lista de espera

Cien mil dependientes, la ­mayoría grandes y severos ­dependientes, de esos que ­requieren ayuda para casi todo o todo, seguirán esperando la ­asistencia que las administraciones les han otorgado en base a la ley del 2006, pero que no pueden dar por falta de dinero. Sí, 100.000. Ese es el número de ciudadanos que aún permanecen en lista de espera (más otros 150.000 más) y que se iba a beneficiar de los 515 millones añadidos a este capítulo.

Lejos del Congreso de los Diputados, en Granada, Inmaculada González, de 54 años, también se lamenta. Hija única, hace tres largos años dejó su trabajo para poder atender a su madre, de 88, gran dependiente y que esperaba una atención que no llegaba. Inma veía en los presupuestos la vía para poder cotizar a la Seguridad Social y, al menos, no comprometer aún más su jubilación. Los presupuestos incluían 315 millones para hacer frente a la Seguridad Social de los cuidadores familiares retirados en los años de crisis (170.000 perdieron esa cotización). Actualmente, 408.000 familiares perciben una cantidad del sistema de atención a la dependencia, que ronda los 270 euros pero la cotización corre por su cuenta.

 

Los partidos, menos PP, acordaron aportar 500 millones más aunque no aprobaran las cuentas

Para el sector de la dependencia, lo ocurrido el miércoles es, sencillamente, “una desgracia”, tal y como señala José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Cuando parecía que los políticos se habían puesto de acuerdo para impulsar la ley que, sin lugar a dudas más recortes ha sufrido durante la crisis, la de dependencia, todo se va al traste. A día de hoy, hay unos 250.000 dependientes en esa lista de espera para ser atendidos, pese a que tienen reconocido el derecho, de ellos, unos 100.000, considerados dependientes severos o grandes dependientes. Los más vulnerables, los más necesitados.

El Observatorio Estatal de la Dependencia del 2017 (último publicado), realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, señala que durante ese año fallecieron 38.000 personas sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. “Por supuesto que no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones”, señala Ramírez. Esto supone que diariamente fallecen más de 100 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.

 

El Gobierno, dispuesto:Un decreto ley por urgencia social permitiría ‘salvar’ a los dependientes

De todas las personas con dependencia reconocida, aproximadamente 1,4 millones, es decir dos tercios, son mujeres (65%) mientras que un tercio (35%) son hombres. El 72,24% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 representan el 54,57%.

“Ese incremento de los presupuestos permitían sacar de esa lista a casi la mitad. Además, desahogaría financieramente a las comunidades autónomas que, en la mayoría de los casos, han sostenido el desarrollo de la ley como buenamente han podido aportando el 80% del gasto del servicio, aunque según la norma debería ser a partes iguales entre administración central y autonómica (nivel mínimo garantizado)”, señala Ramírez.

Según los datos del Observatorio Estatal de Dependencia, el gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en el 2017 ascendió a 8.225 euros anuales, de los cuales, 6.884 fueron aportados por las CC.AA., y sólo 1.341 euros, por el Gobierno central.

 

Realidad vergonzosa:Cada día mueren 100 personas sin recibir los servicios a los que tenía derecho.

Según los datos que maneja esta asociación, referente en el sector, el incremento de 515 millones de euros no permitiría aún terminar con la lista de espera, ni siquiera con la de grandes dependientes. En realidad, suponía el 72% de lo necesario para acabar con la desatención de los grandes dependientes y dependientes severo (715 millones), pero un paso de gigante. La esperanza era que a finales del 2020 o 2021, esa lista de espera desapareciera, tal y como acordaron los partidos parlamentarios que suscribieron el Pacto por la Dependencia. Todos firmaron el pacto, menos el PP.

Pero no todo está perdido, aseguran desde el Gobierno. Todos los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción del PP, acordaron el pasado mes de diciembre exigir al Gobierno que revierta los recortes en dependencia desde el 2012, bien a través de los presupuestos o a través de un real decreto.

Así lo acordaron cuando ratificaron el pacto suscrito en el 2016 a instancias de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Entonces, conscientes de las dificultades que habría para sacar adelante los presupuestos, todos los partidos, excepto el PP, se comprometieron, como alternativa, pedir al Ejecutivo un decreto ley, en virtud de la urgencia social que supone este tema, para abordar de manera directa e inmediata el incremento de la financiación dirigida a la dependencia. Fuentes del Gobierno confirmaron que mantendrán lo acordado.

Inma González, sin embargo, tiene pocas opciones de cotizar a la Seguridad Social por la atención a su madre. Esa partida no está incluida en el pacto.

 

 

CELESTE LÓPEZ, MADRID

Fuente: lavanguardia.com