La Confederación Española de Alzhéimer y la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) piden al PSOE una mayor claridad sobre la Ley de Eutanasia propuesta por los socialistas y que está a la espera de ser tramitada en el Congreso. De momento, y aunque la aritmética da si Ciudadanos vota a favor como anunció, está bloqueada por el PP y el partido naranja en la mesa de la cámara. La propuesta establece que podrá practicarse a aquellos pacientes con una «enfermedad grave e incurable y que provoque sufrimientos físicos o psíquicos, constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio y con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva». Para Fernando Marín, vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente federal, «hablar de contexto de fragilidad es una metedura de pata. Restringe tanto el marco que se corre el riesgo de que solo se vaya a practicar a pacientes que estén en fases muy avanzadas de una enfermedad».
Con la definición que hace la ley, explica Marín, «quedarían dentro casos como el de Ramón Sampedro, pero no está muy claro si se incluiría a personas con otras patologías hasta que no sean totalmente dependientes, ni tampoco qué grado de dependencia se va a exigir» en caso de que finalmente sea aprobada.
La propuesta socialista, que va en línea con la de países como Holanda o Bélgica y que convertiría a España en uno de los países más avanzados en la materia, tampoco determina con exactitud qué ocurre si un paciente con una enfermedad degenerativa quisiera solicitar la muerte antes de que los síntomas de la enfermedad apareciesen. «¿Qué pasa con los enfermos de Alzhéimer en fases previas? ¿Tendrían que esperar a ser dependientes?», se pregunta la presidenta de la Confederación Española de Alzhéimer, Cheles Cantabrana.
Las dudas se plantean sobre otras patologías degenerativas como el ELA. «La ley hace una definición muy física de la enfermedad. Igual hay personas que prefieren morir cuando no pueden tomar un autobús o pasear con sus hijos y no quieren esperar hasta estar postrados en una cama», sentencia Marín. La Asociación Española de ELA va a debatir la próxima semana su posición respecto a la futura norma.
Jesús María Fernández, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, defiende la propuesta socialista. «Que se hable de sufrimientos constantes e insoportables y de fragilidad no significa que se tenga que llegar a un dolor intolerable». Según Fernández, el término «sufrimiento» es lo suficientemente general como para que si una persona sabe que sus condiciones de vida van a empeorar se le pueda practicar la eutanasia.
Fernández cree que en los casos en los que la enfermedad no se ha manifestado todavía la eutanasia también podría practicarse. «Va a haber un comité que valorará las solicitudes, y un diálogo entre el médico y el paciente. Siempre y cuando esté en el contexto de la ley, prevalecerá la voluntad de la persona afectada», explica.
Pero desde la asociación DMD ve una falta de concreción peligrosa que podría ser utilizada para evitar la aplicación de la ley. Coinciden desde Podemos, quienes ya presentaron una norma de eutanasia en 2017 y que finalmente fue rechazada. «Nuestra propuesta era más concreta. Creemos que en una norma de estas características tiene que quedar todo muy claro para que no dependa de futuras interpretaciones interesadas», explica Amparo Botejara, portavoz de Sanidad de Unidos Podemos en el Congreso. La formación morada ha presentado un total de 24 enmiendas a la propuesta socialista.
«Nosotros creemos que la ley de eutanasia planteada es positiva, pero se queda corta», explica la presidenta de la Confederación Española de Alzhéimer. Según ella, la propuesta deja en el aire la situación de los tutores de los enfermos. «Pedimos más garantías. En el marco de este proyecto de ley no estamos representados». Sus dudas vienen sobre el papel que tendrán los responsables de los enfermos. «Incluso con documentos de últimas voluntades firmados por el paciente, son los tutores los que tienen que hacer la petición y no sabemos si podrán hacerlo sin consecuencias. Nos sentimos discriminados», dice Cantabrana.
El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados asegura que si existe un documento de instrucciones previas no habrá problemas para ningún tutor o responsable. «Lo que hay tener en cuenta es que tampoco se puede aclarar cada recoveco de la ley. No se hace en ninguna de las normas de otros países».
Si no hay documento de instrucciones previas y la persona no es consciente de la situación, no podrá aplicarse la eutanasia. «Eso estaría más en la línea de los homicidios compasivos y está fuera de la propuesta”, explica Fernández. Un problema derivado de estos testamentos vitales, es que en muchas ocasiones se han redactado sobre plantillas que se centran en cuidados paliativos y no de la eutanasia. «Eso significa que muchas personas van a tener un documento que no incluye la eutanasia», explica el vicepresidente de DMD. Por eso, asegura, es necesario que se amplíen los documentos de últimas voluntades. El portavoz del PSOE asegura que esos puntos se añadirán en los documentos, aunque indica que ya hay comunidades en las que se incluyen.
La norma sigue bloqueada en el Congreso de los Diputados a pesar del compromiso de Ciudadanos de aprobarla. El partido de Albert Rivera votó favorablemente a su tramitación a cambio de que el PSOE les ayudase a pasar su Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, como finalmente sucedió el pasado diciembre. «Ellos siempre han manifestado que estaban en contra y luego votaron a favor. Así que no sabemos lo que harán al final», concluye Fernández. Ciudadanos no ha respondido a las preguntas de eldiario.es.
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